¿QUIÉN NO SE DA CUENTA?

El poder adquisitivo de los uruguayos aumenta día a día.

Y cuando los paupérrimos bolsillos de otrora, comienzan a adquirir el status perdido, esos mismos uruguayos, consumen.

La mejora de la calidad de vida, en este sistema capitalista, implica que se deban adquirir bienes y servicios, con los ingresos de cada uno.

Todas las encuestas y estadísticas, oficiales o privadas, confirman esta tendencia.

Se superan año a año las ventas en las fiestas tradicionales, cada vez se venden más pasajes, etc, y etc.

No ha habido aumentos en los costos de muchos productos de la canasta básica, salvo las frutas y verduras por la sequía pasada. No obstante apareció un importante brote inflacionario, con el agregado que han caído los precios internacionales de todos los comodites.

El gobierno ha advertido que esto se debe a la más pura y dura, ley de oferta y demanda. La consecuencia es un traslado del excedente de una sociedad a las empresas que son formadoras de precio.

Como ocurre históricamente estos sectores son entusiastas defensores del liberalismo, cuando las cosas les van bien, pero a la primera de cambio, hacen cola para pedirle al estado, que atenúe sus “perdidas”. Cuando ellos ganan, no distribuyen nada por cierto. Y esta es una de las tantas cosas, por las que renegamos de tan injusto sistema.

Para evitar ese arbitrario aumento de precios, el gobierno acordó con las principales empresas de la alimentación, una larga lista de precios más accesibles a la población.

No lo sabemos, pero es de suponer que en ese acuerdo, se ofrece por parte del gobierno una quita en algunos impuestos, o un estiramiento de plazos para hacerlos efectivos, u otras medidas por el estilo. Es decir que el Estado a través de nuestro Gobierno, sustituye parte de esos aumentos, con dinero de todos nosotros. De esta forma a la población llegarían una serie de productos básicos, con precios accesibles.

Consideramos que las empresas que acuerdan con el gobierno, deben cumplir con lo pactado, incluso por el hecho que no pierden ni un céntimo, en esa operación.

Pero luego existe toda una gama de intermediarios, desde mayoristas, distribuidores, grandes superficies y otras no tan grandes, como supermercados y autoservices, que no se han comprometido

Lo primero que se debe tener en cuenta, es que todos estos comerciantes se han visto beneficiados por la política económica, pues al aumentar los ingresos netos de la población, ellos han podido, a su vez, aumentar sus ventas en cantidad y con mejores utilidades por unidad.

Lo segundo a destacar es que esos benéficos a la población, casi no se aprecian.

En las grandes superficies, aparecen algunas “ofertas”, en el sentido de lo acordado con el gobierno, pero sospechamos que no se cumple a cabalidad.

En los otros establecimientos brillan por su ausencia los precios bajos.

Y no digamos nada sobre lo que ocurre en el interior, donde parece que esas noticias directamente, no llegan.

Y lo tercero a consignar es que por estos ámbitos no rige la ley de libre competencia.

Pues los supermercados pequeños, autoservices, etc. son tomadores de precio.

Y la pregunta surge sola...¿A dónde fue a parar lo invertido por el ejecutivo?

Acá hay gente que está ganando por ambos bolsillos.

Y la población sigue de rehén de esa maldita ley de oferta y demanda.

Tal vez halla que pensar en un resurgimiento de algo parecido a la COPRIN.

Pero con otras pautas.

Preferimos invertir en un plantel idóneo de inspectores y en empleados que están sobrando en otras reparticiones, que gastar dinero sin recibir nada a cambio, como ocurre ahora.

Pero esto debe ir respaldado por ciertas leyes si fuera necesario. Esos inspectores serían contratados, a su vez fiscalizados por inspectores de la DGI. Y si se comprueba alguna situación irregular deberían ir presos, además de devolver lo que no les corresponde.

No queremos volver a la antigua COPRIN donde las hormigas, como en la vieja IMM, se llevaban el azúcar.

Entendemos que el estado no debe asumir la venta total de comestibles, pero bien pudiera manejar algún ente testigo.

Ese ente debería ser bien administrado, de modo que no fuera necesario acudir a las 6 de la mañana a hacer cola, porque a las 8 ya se terminó el stock. Por ejemplo.

Esta es apenas una muy modesta idea, pero algo habrá que hacer.

Y nos gustaría oír a los precandidatos de todos los partidos sus propuestas en este sentido.

Lo que no es posible hacer es el “control de precios” como lo piden algunos ortodoxos. Pues para eso se debiera hacer una revolución mundial, la que por el momento, no se vislumbra.